Breves apuntes con relación al proyecto de ley denominado “Ley de competencia en Guatemala”

En Guatemala la Constitución Política de la República en su artículo 130 establece la prohibición de monopolios o actos de comercio que tiendan a la monopolización de un producto o servicio. El Código de Comercio en sus artículos 361 al 367 ya establece ciertas normas que fomentan la libre competencia y prohíben los monopolios, la competencia desleal y actos desleales. También el Código Penal tipifica el delito de monopolio en sus artículos 340 y 341.

Sin embargo se dan casos recurrentes en diversos sectores productivos que tienden a la monopolización ante el usuario o cliente. Entonces surge la interrogante de por qué no se cumplen estas normas.

Recientemente se esta discutiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley (5074) para prevenir, regular y sancionar actos monopólicos u oligopólicos que tiendan a acaparar el mercado nacional. Por compromisos adquiridos en los tratados de libre comercio firmados y ratificados por Guatemala se debe implementar dicha normativa.

El proyecto de ley, que contiene buenas intenciones, a mi juicio no resuelve el problema de los monopolios u oligopolios que existen en el mercado nacional. Ya que los mismos derivan de la excesiva regulación legal o reglamentaria que existe para la realización de una actividad económica de cualquier índole, esto claro dentro del sistema formal, que en vez de regular lo que crea son barreras artificiales que terminan siendo proteccionistas de los dueños de las grandes industrias.

A su vez la ley crearía otro ente burocrático, que sería el encargado de velar porque una actividad o empresa no acapare el mercado y de ser así sancionarlo conforme a la ley. Por supuesto los impulsores de este proyecto promueven que dicha autoridad (burocrática) sea conformada por los mejores economistas y abogados. Pero y qué criterios se utilizarán para establecer dichas cualidades y calidades.

Para citar ejemplos mas concretos esta el tema de los aranceles de importación, que no son mas que una carga en exceso gravosa al usuario o consumidor, ya que lo que generan es que solo empresas o individuos con capital o acceso al mismo puedan dedicarse a la importación de ciertos productos, por el costo que genera el arancel en si, así como todo el trabajo de oficina administrativo que se genera para cumplir a cabalidad con los aranceles de importación y con cuanto capricho se le antoje y ocurra al vista aduanero.

También esta el caso de ciertas leyes y reglamentos que exigen requisitos absurdos para la realización de ciertas actividades comerciales tales como que cierto producto agrícola solo pueda importarse al mercado nacional si cuenta con algún aditivo alimenticio o reconstituyente, como ciertas vitaminas, por ejemplo, generando un oligopolio de los productores nacionales.

También está el caso de los emisores de las tarjetas de crédito, un duopolio en su máxima expresión, los porcentajes de cobro a los comercios que utilizan como medio de pago las tarjetas de dichos emisores, ronda en un porcentaje mas de dos veces mayor al promedio de otros países. Por qué no se promueve que sea más sencillo constituir empresas de emisión de tarjetas de crédito para que las comisiones se reduzcan debido a la competencia.

El caso de las tarifas de interconexión de llamadas, aparte de anticuadas son excesivas. Parte de ser mas competitivos es tener un servicio de telefonía interno y externo accesible al consumidor/usuario.

Considero que mas que una “ley de competencia” lo que se necesita en Guatemala es promover la eliminación de ciertas leyes, reglamentos o acuerdos gubernativos y/o municipales que tienden a la protección de ciertos sectores económicos dentro del mercado nacional. Leyes, reglamentos o acuerdos gubernativos y/o municipales proteccionistas, que probablemente tengan su base fundacional en buenas intenciones, pero que en la práctica generan barreras artificiales al comercio en sí y que nos conducen a una economía de carteles, monopolios y oligopolios mejor conocido como capitalismo de amiguetes, derivado de la excesiva regulación e intervención.

Promover la competencia a través de decretos legislativos no es el camino, la apertura efectiva del mercado para que mas actores económicos entren a ofrecer sus productos y servicios, sin excesiva e inútil regulación es a lo que Guatemala le debe apostar, ya que el mayor beneficiado será el consumidor o usuario y el Gobierno de la República al recibir mas impuestos derivados de nuevas inversiones que consideren atractivo el mercado nacional, así como de las transacciones entre privados que se den, generando así el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un impuesto de sencilla recaudación.

Sin embargo, como país responsable que asume y cumple sus compromisos y obligaciones internacionales debemos aprobar la normativa en materia antes del 30 de noviembre próximo. Debemos ser muy cautos y vigilantes para exigirle al Congreso de la República que la legislación en materia de competencia que se apruebe sea en beneficio del consumidor/usuario y no en beneficio de nuevos entes burocráticos que generan mas incertidumbre en la inversión o solo para quedar bien con otros países.
Rodrigo Coronado
LX Lexincorp Central American Law Firm.
Corporate and Real Estate Law Guatemala.